Colombia, años 2000: un proceso para juzgar a los grupos paramilitares - acusados del asesinato de miles de colombianos - es diseñado por el gobierno para alcanzar "la paz y la justicia". El proceso llega sin embargo a un abrupto fin cuando los intereses políticos y económicos de algunos sectores en la guerra paramilitar se descubren. ¿Estarán las víctimas condenadas a seguir siendo víctimas para siempre o podrán al fin superar la impunidad?
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miércoles, 30 de marzo de 2011
LA DECLARACIÓN DEFINITIVA CONTRA CÉSAR PÉREZ
En las próximas semanas, la Corte Suprema de Justicia tomará decisiones en la responsabilidad intelectual por la masacre de Segovia, Antioquia, en 1988, donde paramilitares asesinaron a 43 personas. El Alto Tribunal investiga si, como hasta ahora se ha dicho, el ex presidente del Congreso y dueño de la Universidad Cooperativa de Colombia, César Pérez, detenido en julio de 2010, fue el autor intelectual de aquel suceso. Una de las declaraciones que reposan en el expediente es la de Rita Ivonne Tobón, ex alcaldesa de Segovia y militante de la Unión Patriótica, quien abandonó el país después de los hechos. Lleva 21 años en el exilio. La Corte la encontró en algún lugar de Europa el 10 de agosto de 2010, donde entregó un testimonio estremecedor. Kien&Ke presenta algunos apartes.
“La primera elección donde participó la Unión Patriótica fue en marzo de 1986. Los partidos tradicionales sintieron temor, porque en las zonas suburbanas y rurales muchos campesinos votaron por los candidatos de la Unión Patriótica. Este riesgo para esos partidos se consolida en la primera elección de alcaldes en marzo de 1988 […]. Durante la campaña hubo atentados contra mi vida. Justo después de las elecciones donde fui electa, las amenazas se vuelven atroces. Me dan 72 horas para abandonar el país, sino me asesinan. Me dan 48 horas y el temor y la zozobra eran constantes […]. Desde el primer día viví hostigamientos del Ejército, la Policía, el MRN (Muerte a Revolucionarios del Nordeste), que se hacían llamar realistas, que decían que debían recuperar a sangre y fuego el nordeste de Antioquia.
Sigifredo Zapata decía en plena plaza que el jefe tiene que volver acá y el jefe lo juró y el jefe cumple. Él llamaba el jefe a César Pérez García y él lo decía abiertamente.
El ex congresista César Pérez fue capturado por orden de la Corte Suprema como determinador de la masacre de Segovia.
Las amenazas del Ejército
Cuando me posesioné invité a los comandantes para presentarme y ponernos de acuerdo en nuestras funciones para el bienestar de Segovia. Nunca tuve respuesta. Luego empezó el acoso y hostigamiento. Lo hacía Farouk Yanine Díaz (general del Ejército) y Gil Colorado. Farouk iba en helicóptero desde Bucaramanga a Segovia para insultarme, humillarme y amenazarme y a tratarme de guerrillera. Al principio lo hacía privadamente y después públicamente delante del todo el pueblo. “Hey, Rita Tobón, ¿todavía estás viva? Me extraña”, así me decía.
Le dije a Gil Colorado que controlara a sus subordinados porque llegaban al Palacio Municipal a destruir las cosas. Eran actos de abuso de poder y hostigamiento. Denuncié esto ante la Procuraduría No recuerdo cuántas denuncias puse. Nunca se me llamó a una ampliación.
El Partido Liberal nos hizo sentir su miedo con la creación del MRN, que comenzó a amenazar a la población civil en el parque. Amanecieron panfletos que decían que habían creado eso para recuperar la zona. Trataban al pueblo de guerrilleros comunistas. Nosotros denunciamos penalmente las amenazas. Eran con nombre propio, Rita Tobón, Jael Cano, Aurelio Viana y en otros eran colectivos. Pudimos constatar que el papel con esas amenazas tenía bajo relieve con las siglas de la empresa Frontino Gold Mines. Luego supimos que fue allí donde se imprimieron y que habían sido los militares.
Para todo el mundo era claro y era una certeza que toda esta orientación venía de César Pérez. Remedios, Segovia, Zaragoza y El Bate siempre fueron gobernados por el Partido Liberal de Antioquia. César Pérez es nacido en el nordeste. Él estableció su poder allí y el mayor número de votación salía del nordeste antioqueño. Para esa época él era el que decía qué gobernador o alcalde ponía en el pueblo de Segovia, Remedios, Zaragoza o el Bagre y muy reciente también en Vegachí.
La masacre de Segovia es uno de los episodios más dolorosos de la historia reciente de la violencia del país.
Las amenazas del MRN ya habían comenzado. Comenzamos a hacer más atentos a la visita de gente de la región y nos dimos cuenta que había camperos que llegaban a la base militar y gente que no eran de la región […]. Yo había llegado a la conclusión de que para Segovia se estaba preparando una masacre. Solicitamos protección a César Gaviria, que era ministro de gobierno, al Procurador General, al gobernador de Antioquia, al comandante de la Policía de Antioquia, a todas las autoridades. No he podido compartir esto durante todos estos años de exilio.
El día de la masacre me encontraba en la alcaldía. Ese día necesitaba ir a unas instalaciones del municipio que se encontraban media cuadra más abajo y quería hacerlo personalmente. Eran las 8:00 a. m. del 11 de noviembre de 1988. Me extrañó que no hubiera presencia de los militares. Pregunté que si había militares y nadie los vio. Me sobrecogí. Era parte del modus operandi de cada masacre de la gente de la Unión Patriótica. Pasé por un lado del comando de Policía y quedé petrificada: estaban sentados los policías en pantalón, despeinados, desarreglados, con botellas de aguardiente a esa hora. Eso lo vio toda la gente.
sábado, 12 de marzo de 2011
Septima Delegacion Asturiana en Colombia
Hoy sabado 12 de marzo es la última jornada de la Delegación Asturiana
que por septimo año consecutivo llega a Colombia para verificar la situación de los derechos humanos.
El grupo viajará hasta la ciudad de Trujillo en el Valle del Cauca donde participara en una audiencia con las victimas de la terrible masacre alli ocurrida.
La Delegación la encabeza por vez primera Marcos Cienfuegos, director de cooperación, y es acompañada por Ines Ibañez, responsable de DDHH en el gobierno vasco.
La CEAR y Soldepaz, junto al coordinador del programa asturiano de protección completan la comisión, que ayer viernes mantuvieron reuniones con el ministerio de interior y justicia, con la Fiscalía General de la Nación, con los responsables de DDhh del ejército, y con la Embajada española y delegación del gobierno vasco en Colombia.
La delegación ha recorrido en seis dias los departamentos de Tolima y Huila, Bogotá y Cali, y ha podido participar en el Quinto Encuentro del Movimiento Nacional de Victimas de Crimenes de Estado, donde los responsables institucionales asturiano y vasca de ddhh han intervenido en su apertura, junto a miembros de la ONU, del gobierno colombiano, parlamentarios y senadora, representantes de las víctimas, y colombian@s por la Paz.
Sobre el terreno, la misión ha coincidido en el municipio de Algeciras con los delegados de la ONU, de Acnur, de Pnud y de alto comisionado de NNUU para los ddhh.
Una avanzada de la delegación, ha podido participar los dias previos, en Barranquilla y Sucre, en algunas actividades relacionadas con despojo de tierras y demanda campesina frente a ello, en lo que constituye en opinión generalizada el eje y raiz del conflicto social, politico y armado que atraviesa el pais desde hace 50 años,
y que ha llevado al actual gobierno a plantear una ley de tierras y una ley de victimas para tratar de restituir hasta 5 millones de hectareas según el gobierno, o 6,8 millones segun las organizaciones, robadas a comunidades por metodos de terror paramilitar.
Pocos dias antes de la visita asturiana habia sido presentado el Informe de la ONU sobre Colombia, con graves señalamientos como el aumento en un 40% de las masacres en 2010.
La delegación ha constatado un cambio de lenguaje en el actual gobierno, y unas intenciones de reforma, pero que estan aun muy lejos de concretarse en medidas efectivas, pues las vulneraciones a los derechos humanos se mantienen en un nivel muy alto de asesinatos politicos, de amenazas (que se cumplen) a defensores de ddhh, sindialistas, activistas sociales, indigenas y afros, de desplazamiento masivo de población, de desapariciones, de existencia de grupos armados ilegales, especialmente significativos en el control politico y territorial relacionado con el narcotráfico y derivado a control y representación politica legal, y en miles de presos y presas politicos.
Sobre este ultimo caso, a la comisión se le negó el acceso a la carcel de la Picota en Bogotá, para comprobar la situación de los presos politicos, lo que contradice de forma flagrante el lenguaje oficial, ya que otras delegaciones anteriores si pudieron visitar las carceles, y aparenta ser un intento de ocultación de anomalias graves en un colectivo de más de 7000 presos y presas politicas.
La Delegación Asturiana, con acompañamiento del gobierno vasco, realizará un septimo Informe de situación de los ddhh en Colombia, y lo trasladará a los parlamentos asturiano y vasco, al español, al europeo, al sistema de Naciones Unidas y la Corte Interamericana de DDHH.
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