Por Karen DeYoung and Claudia J. Duque, Publicado: Agosto 20
La Administración Obama usa frecuentemente a la floreciente democracia colombiana para demostrar que su ayuda, apoyo y conocimiento pueden salvar a un estado bajo el acecho terrorista y a punto del colapso.
La campaña gubernamental, financiada por EEUU, contra un grupo rebelde marxista y su coordinación civil y militar se percibe tan satisfactoria que se ha convertido en el modelo a seguir en Afganistán.
Pero la ayuda estadounidense, y posiblemente algunos oficiales americanos, aparecen ahora implicados en abusos de poder y acciones ilegales llevadas a cabo por el gobierno colombiano y que fueron encubiertas como lucha contra el terrorismo y tráfico de drogas. Estos hechos se produjeron durante el mandato del antiguo presidente de Colombia, Álvaro Uribe, un aliado muy cercano a la administración estadounidense durante los ocho años que permaneció en el poder.
El dinero estadounidense, equipamiento y entrenamiento dado a tropas de élite colombianas durante los últimos diez años para acabar con las redes de tráfico de cocaína se usó para espiar a Tribunales Superiores de Justicia, oponentes políticos de Uribe y grupos civiles, según documentos legales obtenidos por The Washington Post y entrevistas con fiscales y antiguos miembros de la inteligencia colombiana.
Estas revelaciones forman parte de una investigación más amplia que lleva a cabo el Ministerio de Justicia colombiano contra el Departamento Administrativo de Seguridad (DAS). Seis oficiales de alta graduación han confesado sus delitos y más de una docena de otros operativos de la agencia están siendo juzgados. Algunos de los asistentes más cercanos a Uribe han sido investigados, al igual que Uribe que ahora mismo está siendo investigado por una comisión legislativa especial.
Los oficiales estadounidenses han negado conocer o participar en actos ilegales cometidos por el DAS y los fiscales colombianos no han indicado que haya habido colaboración estadounidense. Pero lo que el DAS hizo con una parte importante de la ayuda estadounidense es un cuento con una moraleja involuntaria. Justo como en Afganistán y otros países donde la política estadounidense está focalizada en ganar aliados para su lucha contra el terrorismo, algunas receptores de la ayuda para Colombia la desviaron claramente para usarla para su propia agenda política.
Durante más de una década, durante tres administraciones, Colombia has sido el mejor amigo de Washington en Latinoamérica y el máximo receptor de ayuda militar y económica – 6 billones de dólares durante la presidencia de Uribe de 2002 a 2010. La cantidad anual de ayuda que envía EEUU a Colombia ha descendido levemente durante la administración Obama. Este año suma un poco más de medio billón de dólares.
La Administración Uribe enfatizó la lucha del DAS en objetivos políticos en lugar de insurgentes o capos de la droga, aunque también se consiguieron grandes avances frente a los rebeldes y grupos de narcotraficantes, según afirman agentes de alta graduación. El goteo constante de revelaciones ha manchado la reputación colombiana e incluso el gobierno del sucesor de Uribe, Juan Manuel Santos (antiguo ministro de Defensa), que ha prometido que reemplazará al DAS con una nueva agencia de inteligencia este otoño.
Los fiscales afirman que el gobierno de Uribe quería “neutralizar” a la Corte Suprema porque las investigaciones de sus magistrados estaban revelando conexiones entre aliados de la presidencia en el congreso Colombiano y grupos paramilitares de narcotráfico. Su caso se basaba en miles de páginas de documentos del DAS y el testimonio de nueve oficiales de alto rango del DAS, los fiscales afirman que la agencia estaba dirigida por la oficina del presidente para registrar las cuentas bancarias de los magistrados, seguir a sus familias, poner escuchas en sus oficinas y analizar sus actuaciones judiciales.
“Todo el dispositivo montado contra nosotros – seguirnos, poner escuchas en nuestros teléfonos – tenía un propósito, intimidarnos”, afirma Iván Velázques, el magistrado auxiliar de la Corte Suprema de Justicia y objetivo principal del DAS en su campaña de vigilancia.
Gustavo Sierra, ex subdirector de Análisis, que revisó los informes de inteligencia que se enviaban a Presidencia, afirmó que el seguimiento a la Corte “era la prioridad” del DAS durante el mandato de Uribe.
“Casi nunca nos dieron órdenes contra el narcotráfico o las guerrillas”, afirma Sierra en una entrevista.
Recursos y guías
Algunos de los que han sido acusados o están bajo investigación han descrito la importancia de los recursos y guía recibida de los EEUU. Afirman que informaban regularmente a enlaces de la embajada sobre el desarrollo de sus actividades. “La Embajada Americana nos organizaba”, afirma William Romero, que dirigía la red de informadores de la DAS y supervisó la infiltración en la Corte Suprema. Como muchos de los oficiales de alto rango que están encarcelados o se enfrentan a cargos, fue entrenado por la CIA. Algunos de ellos recibieron becas para completar su formación en universidades estadounidenses.
Romero, que ha aceptado un acuerdo con la fiscalía a cambio de su cooperación, afirma en una entrevista que las unidades del DAS recibían de los EEUU ordenadores, equipo técnico para realizar las escuchas, cámaras y sistema de intercepción de teléfonos móviles, además de dinero para alquilar casas y comprar gasolina. “Podríamos haber funcionado” sin la ayuda de EEUU, afirma, “pero no con la misma eficacia”.
Una unidad que dependía de la CIA, según el testimonio de antiguos oficiales del DAS, era el Grupo Nacional e Internacional de Observación.
Se había formado para destruir los lazos entre operativos extranjeros y guerrillas colombianas, pero volvió su mirada hacia la Corte Suprema cuando los magistrados empezaron a investigar al primo del Presidente, entonces senador, Mario Uribe, según afirmó un antiguo director, German Ospina, en su declaración a los fiscales. Las órdenes venían de “de Presidencia, querían resultados inmediatos” informó Ospina a los fiscales.
Otra unidad que operó durante ocho meses en 2005, el Grupo para Analizar la Organización Terrorista en los Medios, recopiló informes sobre líderes sindicales, entró en sus oficinas y grabó a los activistas sindicales. Los Estados Unidos dieron el equipamiento y decenas de miles de dólares, según un informe interno del DAS, y los miembros de esta unidad se reunían regularmente con un oficial de la embajada conocido como “Chris Sullivan.”
“Cuando avanzábamos en ciertas actividades, él venía a ver cómo iba todo”, afirmó José Gabriel Jiménez, un antiguo analista de la unidad, durante su declaración judicial.
La CIA se ha negado a comentar ninguna de las acusaciones sobre su relación con el DAS. “Las tres letras, CIA, se lanzan sobre muchas cosas y lo hace mucha gente. Eso no significa que lo que dicen sobre la agencia tenga sentido”, afirma un oficial de inteligencia estadounidense que quiere permanecer en el anonimato.
Cuando los medios de comunicación empezaron a publicar las primeras revelaciones del DAS a finales de verano de 2009, el que era en esos momentos embajador de los EEUU en Colombia, William Brownfield, convocó una reunión y preguntó a los asistentes cuáles de las agencias estadounidenses trabajaban con el DAS, según un informe secreto del Departamento de Estado revelado por WikiLeaks. Los representantes de ocho agencias levantaron su mano -entre ellas estaban la CIA, el FBI, el Departamento Antidrogas y Hacienda. Todas las agencias, según Brownfiled indicó en su informe del 9 de septiembre, “recalcaron que no tenían conocimiento o conexión con la actividad ilegal y estuvieron de acuerdo en reducir su contacto con la agencia”
Brownfield, en reuniones mantenidas posteriormente con Uribe y otros oficiales, urgió al Gobierno su salida debido a esas revelaciones y les avisó que podrían poner en peligro la alianza EEUU-Colombia.
“Si había otro escándalo con el DAS, nuestro Plan B era terminar toda conexión con el DAS. De forma inmediata”. Es es el mensaje que transmitió Brownfield a Francisco Santos, vicepresidente de Colombia con el gobierno Uribe, y al director del DAS, Felipe Muñoz, el 16 de septiembre de 2009.
No obstante, la relación continuó durante otros siete meses. En abril de 2010, Brownfield anunció que todos los fondos estadounidenses que previamente se destinaban al DAS irían a partir de entonces a la policía nacional colombiana. Hoy, el DAS, con 51 años de historia, 6.000 empleados, muchísimos roles y un presupuesto anual de 200 millones de dólares, todavía subsiste. Pero Muñoz está siendo investigado junto a otros cuatro antiguos directores del DAS.
Uribe, hablando a través de su abogado, Jaime Granados, se ha negado a conceder una entrevista. Pero el antiguo presidente ha denegado que supervisase actividades ilegales y ha afirmado que los oficiales de su gobierno son víctimas de una persecución política. Cuatro de sus asistentes de más alto rango están siendo investigados, su jefe de personal, Bernardo Moreno, ha sido encarcelado y está en espera de juicio por conspiración y otros cargos.
Años de problemas
Las entrevistas con antiguos oficiales estadounidenses y las evidencias que están saliendo a la luz durante la investigación del DAS muestran que la agencia ha cometido durante años serios crímenes y tenía una tendencia a cometer acciones ilegales que no eran desconocidas por los oficiales de la embajada estadounidense.
El primer director del DAS durante la presidencia de Uribe, Jorge Noguera, a quien la embajada estadounidense consideraba en 2005 “pro-EEUU y un “tecnócrata honesto” y recomendado para ser un miembro de la Interpol en Latinoamérica, según WikiLeaks, está siendo juzgado y ha sido acusado de ayudar a matones a asesinar a activistas sindicales. El año pasado, los fiscales acusaron a otro director del DAS de haber ayudado a planear el asesinato en 1989 del candidato presidencial, Luis Carlos Galán.
Myles Frechett, embajador de EEUU en Colombia de 1994 a 1997, dijo que durante su cargo, los oficiales estadounidenses pensaban que las unidades del DAS estaban teñidas por la corrupción y tenían conexiones con los narcotraficantes. Pero afirma que la Embajada necesitaba un socio para desarrollar su labor de inteligencia para combatir a los narcotraficantes y guerrillas.
“Todo el mundo que trabajó conmigo en la embajada me decía: ‘No puedes confiar en el DAS’”, afirma Frechette y añade que cree que el DAS tiene algunos rasgos propios de una organización criminal.
Algunos diplomáticos senior estadounidenses que fueron asignados a la embajada más recientemente indicaron que no tenían conocimiento de que las agencias de inteligencia y seguridad estadounidenses estuvieran involucradas en el juego sucio del DAS, pero todos afirmaron que no les sorprendía.
“No se veía con muy buenos ojos algunas actividades, pero también había una necesidad por preservar la relación por el bien de los intereses estadounidenses”, afirma un diplomático que habla con la condición de conservar su anonimato. “Entiendo que nuestro apoyo fue el correcto”.
Duque es un periodista freelance con base en Bogotá, Colombia. El corresponsal, Juan Forero, también con base en Bogotá, contribuyó en este artículo.
