Por: Hernán Mira Fernández
La propuesta del gobierno de reformar la Ley 30 de 1992 está bien centrada en mecanismos de inspección y vigilancia de las universidades y deja a un lado el respeto y desarrollo de la autonomía de éstas. Mientras la Constitución del 91 consagra la “educación como un derecho de la persona y un servicio público que tiene una función social” (art. 67) y “garantiza la autonomía universitaria… el Estado facilitará mecanismos financieros que hagan posible el acceso de todas las personas aptas a la educación superior” (art. 69), el gobierno Santos propone universidades con ánimo de lucro y la inyección de capital privado a las públicas con lo que quedarían como especie de empresas de capital mixto, donde el interés público queda entremezclado con el privado.
La reforma la presentó el gobierno por su lado, desoyendo la voz del Consejo Nacional de Rectores de la Asociación Colombiana de Universidades, Ascun, que pidió participar en su discusión y análisis antes de presentarla a la opinión pública. Mientras los presidentes y ministros andan siempre del brazo de los empresarios, a quienes sí se les dan todas las ventajas y gabelas, a las universidades se las trata como ciudadanas de segunda clase o de peor familia. Es tanta esta preferencia, que ahora con esta propuesta se pretenden instituciones de educación superior con ánimo de lucro como empresas y las públicas con inversión privada, con lo que se puede mercantilizar la educación pública desvirtuando su concepto de derecho que siempre debe ser protegido.
El grupo de rectores planteaba lo conveniente de primero expedir una ley estatutaria del derecho a la educación y la defensa de la autonomía universitaria, lo que no aparece en la propuesta gubernamental. Lo que ahora se propone para financiar un crecimiento en los cupos del 37% y mejorar la calidad, se invertirían $1,2 billones públicos y otros tantos privados, eso corresponde a financiar solo el 15,8% de los nuevos cupos, menos de la mitad de la meta propuesta.
El presidente de la Ascun, José Fernando Isaza, plantea con sobradas razones que destinar impuestos
a subsidiar sectores menos favorecidos, es una función fiscal que algunos descalifican como asistencialismo. Pero cuando se destinan a favorecer sectores privilegiados los llaman incentivos para generar riqueza y empleos, que tantas veces no se ven. Así las cosas, no es para nada extraño que la concentración del ingreso en Colombia después de impuestos es muy igual a la de antes de impuestos, dice Isaza. Mientras el índice de concentración (Gini) después de impuestos en países desarrollados, mejora hasta en 8 puntos. De acuerdo con esto, entonces, sería más el beneficio del capital privado en su participación en la educación pública que el logro de acceder a la universidad de las clases más desfavorecidas. Al pueblo nunca le toca, como en el conocido libro de Salom Becerra.
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Asociacion Colombiana de
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